La República Dominicana, así como el resto de los países del mundo, luego del Covid-19, transita por retos y desafíos propios de un contexto de transformación que es cada vez más apresurado. Este proceso de transformación es realmente amplio, por lo que la presente reflexión estará enfocada en la transformación digital de los ayuntamientos y su repercusión en la evasión fiscal, el lavado de activos y el acceso a servicios de calidad en la administración pública.
La digitalización ha transformado de manera irreversible muchos aspectos de la vida cotidiana, sobre todo en las sociedades desarrolladas, y la administración pública, en especial los ayuntamientos, no han quedado al margen de este proceso revolucionario. Los países que han puesto en marcha las tecnologías digitales enfocadas en los servicios municipales han podido apreciar como la implementación de estas tecnologías han contribuido significativamente en la transparencia y la participación ciudadana, así como en la mejora de los servicios.
Según Pedro Asensio Romero, en su obra sobre ¨Gestión Municipal¨, las ciudades inteligentes crean valor; en la misma, sostiene que: ¨las acciones públicas inteligentes dirigen sus esfuerzos, en última instancia, hacia la creación de valor¨. El autor de la obra compara las acciones públicas inteligentes con las empresas que establecen su campo de acción con las miras puestas en la generación de valor, bien sea a favor de sus accionistas, empleados o clientes, afirmando que las ciudades son entes que han de maximizar su valor.
En una publicación realizada por el Club de Innovación de Madrid, acerca de una propuesta realizada por Fernando de Pablo, de la Oficina Digital del Ayuntamiento de Madrid, considera que: ¨Las oficinas administrativas han cambiado sus objetivos fundamentales: de meras tramitadoras de gestiones presenciales de los ciudadanos que acuden a los registros municipales a verdaderas catalizadoras de la transformación digital, ayudando, informando y proporcionando identidad electrónica a los ciudadanos, (para relacionarse con todas las administraciones) aceptando documentos y gestiones destinadas a otros organismos públicos, desarrollando el concepto de oficina administrativa única¨.
La digitalización de los servicios municipales en la República Dominicana
En la República Dominicana, muchos ayuntamientos no cuentan ni siquiera con un sitio web, donde los ciudadanos puedan tener acceso a informaciones y servicios elementales. En el caso del ADN, el mismo, cuenta con una página web con el desglose de algunos servicios y con informaciones valiosas, sin embargo, al momento de procurar algunos de los servicios presentados en la referida página, hay que gestionarlo de manera presencial.
En ese orden, lo anteriormente mencionado, no solo representa un desafío para mejorar los servicios, sino, que, en el ámbito de la transparencia, constituye un reto que requiere de una atención especial y urgente, toda vez que la no implementación de la tecnología de digitalización o su prolongada puesta en marcha, mantienen abiertas las posibilidades para que el lavado de activo y la evasión fiscal continúen encontrando nichos donde aún puedan operar con menores riesgos de ser detectados.
El lavado de activos y la evasión en los ayuntamientos
Es conocido que el lavado de activos y la evasión fiscal no son flagelos que afectan solamente a la República Dominicana, sino, que, los mismos han representado un importante reto que repercute en los gobiernos y entidades administrativas a nivel mundial.
Los ayuntamientos, como organismos encargados de la administración local, no están exentos de enfrentar estos problemas. En nuestro país, se usa el método mediante el cual se adquieren inmuebles no registrados, a estos inmuebles no encontrarse regulados por la Jurisdicción Inmobiliaria, el procedimiento para el traspaso de los derechos y de titularidad, lo limitan al ayuntamiento o institución competente, evitando el paso por ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
En tal sentido, una vez se logra adquirir el inmueble sin el registro ante la DGII, al momento de introducir el número de cédula del adquiriente, aparecerá sin ningún inmueble a su nombre, pero, eso no significa que no posea grandes sumas de dinero invertidas en terrenos no registrados.
Lo anteriormente señalado, no solo opera a los fines de no aparecer como propietario en la base de datos de la DGII, sino que, a su vez, se presta a subvaluaciones, evasión del pago de IPI, evasión de pago por ganancias de capitales por concepto de plusvalía, acreencias hipotecarias, así como de otros pagos no menos importantes.
Colaboración interinstitucional
El árticulo 275, de la Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, establece que: ¨La Administración Tributaria Nacional colaborara con los ayuntamientos en todos los órdenes de gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos municipales. Párrafo… En particular, las administraciones tributarias municipales y nacionales: a) Se comunicarán los hechos con trascendencia tributaria, registros, bases de datos de contribuyentes y demás recursos de derecho público de cualquiera de ellas, que se pongan de manifiesto como consecuencia de actuaciones comprobadoras e investigadoras de los respectivos servicios de inspección. b) Podrán elaborar y preparar planes de inspección conjunta o coordinada sobre objetivos, sectores y procedimiento¨.
Lo cierto es, que, lo resaltado en el párrafo anterior, en la práctica suele ocurrir pocas veces y con un alto nivel de ineficiencia, por cuanto, aunque se habla de base de datos, en la actualidad lo que existe es un registro en un cuaderno o libro récord, y el servicio a otorgar consiste en una búsqueda realizada por un personal del registro civil del ayuntamiento al que le sea solicitada la información.
Conclusión
Los ayuntamientos, en nuestro país, se han mantenido hasta la actualidad sumergidos en papeleos y procesos burocráticos; por lo que en la tecnología digital pueden encontrar una interesante aliada para experimentar avances sin presentes de administración y buena gestión municipal.
Finalmente, la digitalización en los servicios de los ayuntamientos es un paso de avance, trascendental y urgente para la modernización de la administración pública. Quizás la cuestión no sea si se implementará o no, sino, cuándo, dado que las oportunidades para mejorar la eficiencia, la transparencia y la accesibilidad a servicios de calidad son irrefutables.
Avanzar en la digitalización de los servicios municipales es una responsabilidad de los ayuntamientos. Alcanzar este objetivo en nuestro país, puede necesitar apoyo por parte del gobierno central, para la colaboración financiera, técnica y de formación del capital humano que sea necesario para garantizar una implementación exitosa y sobre todo con los estándares de ciberseguridad necesarios para el beneficio de todos sus ciudadanos.
